Manifiesto por la defensa del Yasuní - Asociación de estudiantes de Sociología y Política UCE
El colectivo estudiantil IÑINA,
en la conducción de la Asociación de Estudiantes de las Carreras de Sociología
y Política de la Universidad Central, ante
la decisión del gobierno con respecto a la explotación del ITT -junto al impresionante contingente
mediático y policial para reprimir y descalificar las
manifestaciones en defensa del Parque Nacional-, manifestamos:
La presente coyuntura permite
dar cuenta la consolidación de una serie de acciones que van definiendo
de forma cada vez más clara los alcances y límites de esta “revolución”.
A estas alturas es ya un
recuerdo vago aquel proceso de democratización, fruto de la resistencia al
neoliberalismo que abrió las puertas a la constitución de Montecristi y la “revolución ciudadana". De dicho proceso
no queda sino únicamente -como producto-
un retorno del Estado ‘barnizado’ por
una autonomía relativa, la cual permite la distribución de la renta
extractivista en forma de servicios públicos generadores de una artificial paz social, indispensable para la
producción, reproducción y centralización de las ganancias de los grupos económicos. En este contexto el “Buen
Vivir” pasó de ser una promesa de cambio forjada en la resistencia
social a un slogan de interminables campañas publicitarias y como
componente legitimador de gruesos planes
tecnocráticos.
Con esto no queremos
despreciar la atención social que el gobierno provee a amplios sectores
populares o la política internacional de integración latinoamericana -lo
cual constituye una conquista nada despreciable frente al caos de los
gobiernos neoliberales mafiosos de los 90-, lo que ponemos de manifiesto es que
este “proceso” ya ha dado bastantes muestras de llegar a sus límites y,
simplemente, en este momento es incapaz de llevar a cabo transformaciones
sociales más “profundas” de las que ha logrado.
Sin embargo, la extracción del crudo del ITT es la evidencia más clara de sus “límites”, ya que demuestra el nivel de hegemonía de los sectores gubernamentales articulados con el sector extractivista -con el vicepresidente Glas a la cabeza-; al punto de comprometer su principal fuerza -su capital político electoral-, con tal de no afectar las extraordinarias ganancias de los grandes grupos económicos, sostenida por la ilusión de una falta de recursos económicos para mantener los servicios sociales públicos.
El asunto es tan evidente, que
como sostenía un compañero, los 110 grupos económicos
más grandes representan el 60% de todo nuestro PIB y sin embargo sólo pagan el
3% de impuestos. Sí se les cobra lo que deberían pagar podríamos obtener 30 mil
millones dólares más de lo que se pretende obtener del ITT[1].
Por lo tanto, la defensa del
Yasuní va más allá de la lucha contra el cambio climático y la contaminación, pensarlo
de esta manera es limitado. Debe ser concebida como una lucha, por una
verdadera redistribución de la riqueza a corto plazo, y, a largo plazo, como
una posibilidad real de pensar otra sociedad por fuera del petróleo, buscando parar
la gran máquina de dominación industrial devoradora de pueblos y culturas
desafiantes al “desarrollo occidental”.
Las alternativas son nuevas tecnologías y nuevas fuentes de energía, no
solo más amigables con el medio ambiente, sino más beneficiosas para el ser
humano.
Quizás la iniciativa Yasuní no es la
acción que destruiría al capitalismo. Pero es la crítica a su lógica, una
opción racional en una totalidad irracional, por la vida y no por el capital.
Hoy la consulta es una necesidad. El pueblo debe elegir entre extraer los recursos a costa de devastar una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo o luchar por redistribuir la riqueza de los grupos económicos históricamente dominantes del país.
EL YASUNÍ NO SE VENDE, EL YASUNÍ SE DEFIENDE.
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